RESUMEN: 

En la información presentada a continuación, realizaremos un repaso de las principales reformas administrativas de nuestro país hasta llegar a nuestros días, adicionando la importancia de la inclusión tecnológica en los procesos de gestión pública.
 

INFORMACIÓN:

Uruguay tiene vasta experiencia en procesos de reformas estatales. Los primeros diagnósticos aparecieron en la década del 50’ y fueron impulsados por modelos que intentaron implantar la “lógica de la racionalidad” en la administración pública. En los años 60’, como parte del marco desarrollista de la CEPAL, se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo (CIDE), que efectúa un estudio que destaca la necesidad de impulsar una reforma administrativa que incorpore la lógica de planificación para el desarrollo.

En los años siguientes, se realiza un análisis de la productividad del Sector Público uruguayo hasta que, en la década del 80’, América Latina atraviesa dos fases: las reformas de “primera generación” para implementar un ajuste fiscal (aprobadas por el Consenso de Washington) y las reformas de “segunda generación” que apuntaron a una re-institucionalización del sistema democrático post dictadura.

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En la década del 90’, se determina una reforma de carácter neoliberal con una importante reducción del gasto público y de “desburocratización”, que continúa al finalizar la década con nuevas medidas de racionalización y de reestructuración organizativa.

Con el cambio del paradigma gubernamental desde el año 2005 hasta nuestros días, se definió una Reforma Administrativa con transformaciones en la estructura del Estado, que incluye, además, ajustes de procesos. Se destacan la reestructura de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), los espacios de atención al ciudadano que descentralizaron la atención en trámites de diferentes organismos, la creación de una ventanilla única y la ley de creación de asociaciones público-privadas.

Las características mencionadas en la gestión uruguaya, junto con los avances tecnológicos y otras particularidades del país (un Estado que es la mayor organización proveedora a la vez que tiene un papel preponderante y monopólico en varios servicios), llevaron a la implementación del Gobierno Electrónico con el objetivo de obtener transparencia, participación activa de la ciudadanía, facilidad de acceso a menores costos y mejora en la productividad.

Por otra parte, la colocación en línea de la información pública y la implementación de procedimientos administrativos incrementaron el valor agregado a las funciones en red, y estimularon de esta forma el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, unificando los soportes y permitiendo, por ejemplo, la digitalización de los expedientes. Con este último punto se simplificó de manera enfática el trabajo administrativo.

Como la tecnología por sí sola no es suficiente, ha resultado indispensable generar recursos humanos debidamente capacitados en contenidos integrados de información, que propiciaron un ámbito colaborativo entre las entidades públicas y una infraestructura de redes coherente al modelo estatal en su globalidad. Es así que también se concibe una profesionalización de funciones junto con la asimilación de nuevos conocimientos.

En conclusión, la Reforma del Estado en nuestro país ha implicado básicamente hacer públicas y transparentes las políticas y los programas desarrollados, dar cuenta de sus resultados a la sociedad civil, y promover el fortalecimiento de una reforma institucional que no solamente modernice los procesos, sino que facilite el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Fuente consultada:

Academia.edu