RESUMEN:

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) habilitó un canal de comunicación 100% en línea para que las personas jurídicas que desarrollan actividades vinculadas a activos virtuales puedan solicitar la autorización correspondiente para operar. El trámite, desarrollado sobre ApiaTrámites, se denomina Solicitud de Autorización y Registro de Proveedores de Servicios de Activos y está disponible en gub.uy
 

INFORMACIÓN:

Actividades que comprende la autorización

La solicitud está destinada a personas jurídicas que realizan diariamente actividades de intercambio, transferencia, custodia o administración de criptoactivos y tokens digitales. Asimismo, estas actividades también se incluyen cuando se llevan adelante a través de protocolos que permiten realizarlas de forma directa entre usuarios mediante contratos inteligentes, es decir, programas que cumplen automáticamente las condiciones estipuladas entre las partes.

Marco normativo que da origen al trámite

La habilitación del canal se enmarca en el nuevo régimen aprobado por la Superintendencia de Servicios Financieros para los proveedores de servicios de activos virtuales, y, al mismo tiempo, cumple con la legislación vigente. La normativa regula las condiciones para su funcionamiento y supervisión en Uruguay, define las actividades y los requisitos que deberán cumplir quienes actúen en este mercado.

En un contexto donde el uso de activos virtuales va en aumento, el Banco Central del Uruguay impulsa un esquema regulatorio que se alinea con las mejores prácticas internacionales con el objetivo de generar confiabilidad y previsibilidad para el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de negocio.

Requisitos, costos y forma de acceso

El objetivo de los requisitos es fortalecer la protección de los usuarios, la gestión de riesgos, la seguridad de la información y la prevención del lavado de activos.

Para iniciar la solicitud, es necesario contar con usuario gub.uy con nivel de seguridad intermedio verificado u otro medio de identificación electrónica, como la Cédula de Identidad digital, Identidad Digital de Abitab o TuID de Antel. También se exige firma electrónica avanzada y timbre profesional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Los costos dependen de la cantidad de declaraciones juradas presentadas y a sus correspondientes timbres profesionales.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 353/23, las entidades públicas no podrán exigir otros requisitos adicionales ni solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación cuando la información de estos pueda obtenerse a través de medios digitales seguros de otras entidades. El trámite, además, cuenta con un formulario específico para la recepción de denuncias en caso de incumplimiento de lo establecido en el Decreto.